Hobbes contra Kant.
Hace mucho tiempo que los Gobiernos han comenzado a cuestionar estos
principios. Hoy se intenta eludir el claro principio de la igualdad de
las personas con construcciones cada vez más complicadas. Existen
innumerables ejemplos: poco después de asumir el cargo, Barack Obama
declaró que Estados Unidos proseguiría con la lucha contra la violencia y
el terrorismo, pero de una manera que “respete nuestros valores e
ideales”. Dijo que cerraría la prisión de Guantánamo y recibió el Premio
Nobel de la Paz. Por fin parecía que Estados Unidos, el país que tanto
había brillado en este último siglo, el garante mundial de la libertad,
la justicia y la decencia, recordaba sus ideales. Fue un momento feliz.
Hace cuatro años de la declaración del presidente. No obstante, hoy en
día en Guantánamo se sigue reteniendo, humillando y torturando a
personas sin derechos.
En la República Federal de Alemania también existe un movimiento similar
desde hace años. En 1985, el experto en jurisprudencia Günther Jakobs
estableció en un ensayo por primera vez la diferencia entre el derecho
penal del enemigo y el derecho penal de los ciudadanos. Para ello se
basó en la teoría del contrato social de Thomas Hobbes. Según esta, una
persona que abandona la sociedad pasa a un estado natural anárquico y se
convierte en enemigo. Y como enemigo que es, debe lucharse contra él.
Por tanto, los terroristas que atacan al Estado y a la propia
Constitución están fuera de la ley y se convierten en personas sin
derechos. Según esta teoría, se les puede torturar o matar si tratan de
destruir nuestra sociedad; por consiguiente, una prisión como Guantánamo
también sería legal en Alemania. No se trata únicamente de un debate
abstracto; se discute enconadamente y existen personas serias que
simpatizan con la idea del derecho penal del enemigo. Tras el 11-S,
Jakobs se preguntó si las responsabilidades que el Estado de derecho
imponía a sus ciudadanos para con los terroristas no serían quizá
“completamente desproporcionadas”.
Sin embargo, mientras Jakobs solo quería emplear el derecho penal
del enemigo con terroristas y miembros de la mafia, en el caso Magnus
Gäfgen se discutió si no se deberían esclarecer mediante torturas los
crímenes especialmente abominables, al menos cuando así se pudiera
salvar quizá una vida. Se extendió el concepto de la tortura salvadora.
En el caso Gäfgen no se trataba de terroristas ni mafiosos. Muchos
estaban y estarían aún dispuestos a despojarle de la dignidad humana.
Incluso el entonces presidente de la asociación alemana de jueces no
descartó la tortura en aquel caso, y varios catedráticos le dieron la
razón.
Quizá crea usted que en Alemania al menos los políticos serían lo
bastante sensatos como para no recortar derechos fundamentales debido a
una amenaza terrorista. Pues no es cierto: en 2007, CDU, CSU Y SPD
votaron a favor del almacenamiento de datos. Así, cualquier ciudadano
podía ser vigilado. La ley se votó poco después de los ataques en Madrid
y Londres, y se presentó como la única manera de vencer al terrorismo.
Más adelante, la Oficina Federal de Investigación Criminal alemana
determinó que el almacenamiento de datos solo incrementaría la tasa de
resolución en un 0,006% en el mejor de los casos. Un porcentaje tan
ínfimo fue todo lo que hizo falta para atentar contra nuestros derechos
fundamentales. Es poco probable que los datos de la NSA sean muy
superiores. El Tribunal Constitucional alemán derogó la ley. ¿Y los
políticos? No dimitieron, no se disculparon, ni siquiera se
avergonzaron.
Los partidarios del derecho penal del enemigo, el policía que
amenaza con torturas, Barack Obama con su orden homicida y Angela Merkel
y su alegría, todos ellos se equivocan. En realidad, con los derechos
de las personas sucede lo mismo que con la amistad. No sirve de nada si
no se demuestra en las épocas oscuras y difíciles. El consenso de que
nuestros Gobiernos jamás infringirán conscientemente la ley, es decir,
el fundamento de nuestras Constituciones, se viola hoy constantemente:
drones de guerra matan civiles, los terroristas son torturados y
despojados de sus derechos, los servicios secretos leen nuestros e-mails
y SMS porque estamos bajo sospecha generalizada. Es cierto que esto no
surge de nuestro Gobierno, y el Derecho no exige de nadie lo que no es
capaz de dar. Naturalmente, la canciller no puede cerrar Guantánamo o
suprimir la NSA, así que no ha roto su juramento. Pero no es suficiente,
la tarea del Gobierno va mucho más allá. Si los políticos dejan de
hacer todo lo posible por proteger la Constitución, si toman parte en
las infracciones ajenas de la ley, y si esto incluso les causa alegría,
esto nos pone a nosotros mismos en cuestión. No son los peajes de las
autopistas, las subidas de impuestos o las pensiones de invalidez las
que determinan el mundo occidental, su libertad y su identidad, sino su
gestión del Derecho.
El antiguo juez inglés condenó a aquellos marinos por asesinato,
pero recomendó su indulto. Seis meses después la Corona lo concedió. La
sentencia contiene las magníficas frases a las que hoy en día, 130 años
después, deberíamos atenernos: “A menudo nos vemos obligados a
establecer estándares que ni siquiera nosotros cumplimos, y a fijar
normas que ni siquiera nosotros podemos respetar… No es necesario
advertir del terrible peligro que supondría renunciar a estos
principios”.
Ferdinand von Schirach, ¿Tortura salvadora? , Babelia. El País, 07/12/2013
Ferdinand von Schirach, ¿Tortura salvadora? , Babelia. El País, 07/12/2013
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