Ens prenen per idiotes.
Consolados por la posibilidad de echar periódicamente al prefecto,
muchos olvidan que su verdadera conveniencia es pulir la prefectura. Al
constatar la corrupción de un Gobierno -algo consustancial a la
política, mientras se mantenga como profesión-, sólo piensan en votar a
otro, incluso cuando le saben orientado básicamente a lo mismo. Y éste,
aprovechando la suma de fraudes perpetrados por su antecesor, promete
todo cuanto prometió aquél, pero en modo alguno reformar aquella
estructura que le aupó a. campeón del cohecho. La bola rueda así,
logrando que el censo se !resigne a optar por el gobierno de fulano o de
mengano, e ignora su derecho a proponer o cambiar leyes. Con ello, una
sociedad se condena a ser electorado manipulable en vez de ciudadanía constituyente, elemento pasivo en vez de activo.
Se objetará que todas las constituciones modernas parten de lo que
Montesquieu llamó "moderación" del, poder, consagrando una estricta
separación entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Pero ¿dónde
pasa eso? Aquí el Tribunal Constitucional lo nombran cuatro cuerpos,
tras de los cuales están invariablemente las ejecutivas de los partidos.
Menos independientes son aún las Cortes, cuyos miembros no podemos
elegirlos uno a uno y por sus respectivos méritos, a juicio nuestro,
sino en listas cerradas y numeradas de arriba abajo, que se aceptan o
rechazan como lentejas: las comes o las dejas. De hecho, no se entiende
cómo sus señorías osan siquiera llenar un hemiciclo cuyo destino es
estar literalmente medio vacío,, considerando que representan a la mitad
escasa del censo. Y si en los próximos comicios votasen todos, ¿haremos
un hemiciclo con el doble de plazas, o se acomodarán los diputados unos
encima de otros?
En tiempos de grandes ahorros, donde se le discuten subidas casi
simbólicas a toda suerte de empleados -incluso de negocios enormemente
prósperos-, ¿por qué no ceñir la representación de sus señorías a
porcentajes? Mirando hacia el futuro, ¿no es razonable (y económico en
grado sumo) un delegado del PSOE con equis votos, otro del PP con los
suyos, y así sucesivamente? ¿No se lograría con ello que unos pocos
asumieran personalmente las responsabilidades legislativas, en vez de
imitar a una claque destinada a abuchear o aclamar en bloque lo mandado
por alguna dirección, que reside siempre en otro sitio?
Metidos en la era informática, donde vale céntimos transmitir
decisiones a la velocidad de la luz, ¿por qué acudir a las urnas una vez
cada varios años, cuando un aparatito acoplado al televisor puede
recibir todo el dossier relativo a cada ley, y lograr que los
ciudadanos voten por sí mismos? Siendo tan sencillo a nivel técnico,
¿por qué no un sufragio continuo, puntual? ¿No sería una forma de
incorporar al proceso legislativo ese 50% del censo que hoy declina
intervenir? ¿Para quién sería catastrófico que pudiéramos votar
cosa por cosa, ley por ley, en vez de elegir un mesías político de
cuatro en cuatro años?
Los que ahora rondamos el medio siglo aprendimos en aulas y libros
que las leyes eran meras superestructuras y que el progreso pedía pasar
de la iniciativa privada a una férrea planificación estatal. Luego vimos
que el bendito progreso -si alguien sigue creyendo en algo así- tiene
otros horizontes, y que la solución ha sido mantener la privacidad a
nivel de lucro, pero seguir calladamente al leninismo en su línea de
burocratización a ultranza, hasta elevar el control de todo y de todos a
finalidad última. De ahí que nuestro paisaje vuelva a ser el de unas
simples leyes, unas leyes que podríamos acatar ciegamente y que también
cabría mejorar en supuestos determinados.
Como esto segundo nadie lo hará por nosotros, y menos que nadie la
profesión política, una manera de no rendirse es reivindicar formas de
democracia directa, recurso al poder plebiscitario. Dando al electorado
voz en el legislativo, tal como el jurado se la confiere en el judicial,
el derecho de la ciudadanía a convocar consultas locales y nacionales
es un innegable fortalecimiento de la libertad. Sienta participación
allí donde sólo rige una inerme delegación, devolviendo a cada individuo
su alta y honrosa responsabilidad en la custodia del bien público. Y
déjenme añadir que mientras ese derecho no pueda ejercerse regirá en vez
de la consulta popular su insidioso sucedáneo, el sondeo político, cuya
meta no es tanto saber lo que alguien piensa como encauzar
subliminalmente las preferencias del sondeado en una u otra dirección.
Pese a lo legítimo de querer ser consultado, en vez de manipulado con
encuestas, y pese al imprevisto amigo que resulta ser el ordenador para
montar tantos y tan económicos plebiscitos como queramos, es preciso
tomar en cuenta que ciertas normas bloquean el camino. En primer
término, un precepto constitucional -el apartado 32 del artículo 149-
declara "prerrogativa exclusiva del Estado" (léase Gobierno) "la
convocatoria de consultas populares por vía de referéndum".
Y bien, con idéntico motivo le asignaría uno al gremio de caseros la
defensa del gremio de inquilinos, o al revés. Pero tal perversidad no
viene sola, y se coordina con otro precepto -el párrafo 3 del artículo
87- que excluye consultas en materia fiscal o propia de ley orgánica,
vedando así lo que . precisamente debe ser más vigilado, pues atañe a
principios de organización política y al saqueo de nuestros bolsillos.
Por si esto fuera poco, el comienzo del artículo declara que "una ley
orgánica regulará formas y requisitos de la iniciativa popular para
presentar proposiciones de ley". Dicha ley -qué casualidad, como la del
jurado- no da remotas señales de vida desde 1978.
El casi es que toda norma admite interpretación, y tanto las Cortes
como el Tribunal Constitucional podrían apoyarse en otros artículos de
la Constitución (empezando por la primera frase del preámbulo) para
instar un sistema plebiscitario accesible y rápido. Como poder y querer
no son lo mismo, el ciudadano queda librado a preguntarse en qué campos
parece más urgente instar consultas populares, y hacer uso de las
vísperas electorales para pensar por sí mismo. Una vez abierto a esa
perspectiva, el simple sentido común detecta bastantes proposiciones de
ley con posibilidades de ganar holgadamente un referéndum; yo mismo ardo
en deseos de comunicar alguna sobre función pública, soberanía fiscal y
contratos-tipo. Si otros expusieran las suyas, hasta podría haber algún
intercambio estimulante de impresiones.
Algo de origen tan pedestre difícilmente tendrá acomodo en los
renovadores programas de PSOE, PP o IU. Cabe incluso que ningún partido
se comprometa siquiera a desbloquear la ley orgánica prometida
constitucionalmente, punto de partida insoslayable para que seamos
ciudadanía en vez de puro rebaño. En ese caso, sin embargo, cuando
llegue el bombardeo de inflamados mítines y frenética propaganda, con
personas que juran servir muy fielmente nuestra libertad si acceden al
Gobierno, quizá no sea el único en sostener que nos toman por idiotas.
Antonio Escohotado, Idiotas, El País, 05/05/1993
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