El regne d'Espanya, una democràcia defectuosa?

Estos días se habla mucho de la posibilidad de una intervención exterior para rescatar el maltrecho sector financiero español. Hemos visto a Grecia y Portugal someter sus finanzas públicas a una Troika compuesta por el FMI, el BCE y la Comisión Europea. También hemos visto al gobierno pedir a dos auditores independientes que examinen el estado de nuestros bancos. ¿Y si pidiéramos, ya puestos, una auditoría democrática independiente a cargo de expertos internacionales? La evidencia de que nuestro estado de derecho no sólo está maltrecho sino que se niega a reconocer sus problemas de transparencia es abrumadora.

Esto viene al caso del archivo por parte de la fiscalía de la querella presentada con el Presidente del Consejo General del Poder Judicial, que ha vuelto a poner sobre la mesa la cuestión del mal funcionamiento de la justicia en España y la falta de transparencia y control que rodea a esta institución. Se trata de un problema que, como muestra la tabla que abre esta entrada, se arrastra desde lejos (la tabla corresponde al estudio 2630 del CIS realizado en diciembre de 2005) pero que seguramente se ha agravado con la actual crisis ya que esta ha puesto de manifiesto con singular crudeza no sólo la corrupción pública y privada sino la existencia de esferas deimpunidad y trato diferenciado según las personas y las instituciones. 

Como se puede observar, ya entonces un 56% de los españoles desconfiaban de la Administración y un 47% del Consejo General del Poder Judicial. Más grave aún sería la percepción generalizada (84%) de que la justicia no es igual para todos y de que los jueces no son independientes (50%). La pregunta 14 de la encuesta (acceso aquí) es sencillamente demoledora pues los españoles están fundamentalemnte de acuerdo en que:

• Las decisiones de la justicia son tan lentas que es mejor no pleitear (80%)
• Los pleitos son tan caros que no compensa ir a juicio (69%)
• El resultado de las sentencias depende del juez que te toque (70%).

Lo más interesante es que, como demuestran Ferrán Martínez e Ismael Sanz en un artículo publicado en la Revista Española de Ciencia Política en octubre de 2009 (¿Qué determina las opiniones sobre la justicia?), las valoraciones ciudadanas sobre la justicia no están relacionadas con la ideología, es decir que no son de izquierdas ni de derechas sino que están determinadas por la percepción ciudadana del mal funcionamiento del sistema. 

El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se ha felicitado porque el "estado de derecho ha salido reforzado". Sin embargo, los argumentos del teniente fiscal en relación al juez Dívar, dando por hecho que es competencia del Presidente del Consejo decidir sobre la justificación, pertinencia, duración o carácter público o privado de sus viajes apuntan exactamente en la dirección contraria: a la existencia en el seno del poder judicial de una esfera de poder autónomo, irrestricto e incontrolable impropia de un régimen democrático.

Medir la calidad de la democracia es un asunto espinoso. En el quinto informe sobre la democracia en España realizado por la Fundación Alternativas, la democracia española obtuvo un nota de 5.8, señalándose con especial énfasis las carencias en materia de rendición de cuentas y la transparencia en el funcionamiento de las administraciones públicas. 

Sin embargo, el informe de la Fundación Alternativas no nos dice nada sobre cómo se sitúa España respecto a otros países. Para ello tenemos que echar mano de algunos estudios como este realizado para la Comisión Europea que me ha hecho llegar el Profesor Víctor Lapuente, de la Universidad de Gotemburgo, donde se ve que España se sitúa a la cola de la UE-15 en cuanto a calidad de gobierno, aunque por delante de Italia, Portugal y Grecia ("Measuring the quality of government and subnational variation"). 

Pensemos ahora en los eventuales auditores. Viendo el "Índice de la democracia" de The Economist, resulta que sólo tres países en el mundo tienen una nota superior a 9.5 en cuanto a la calidad de su democracia. Son Noruega, Islandia y Dinamarca, seguidos de Suecia.

España ocupa la posición 24 en este ránking, justo el último país de la lista antes de comenzar la lista de países definidos como "democracias defectuosas". Quizá podríamos pedir a una troika escandinava que se pasara por aquí y auditara nuestra democracia. ¿Qué opinan ustedes?



José Ignacio Torreblanca, Se buscan auditores internacionales para nuestra democracia, Café Steiner, 23/05/2012