Moviments cívics contra la intransigència dels bancs.

De repente suena el timbre de la puerta y el mundo se acaba. O se extingue la vida cuando la humillación y el desespero se hacen insoportables. Como le ocurrió a Juan en l'Hospitalet en noviembre del 2010. O a Isabel, minusválida, en Málaga en julio pasado. O al joven en Las Palmas hace un mes. O a José Miguel en Granada dos días después. O a Amaia Egana en Barakaldo hace una semana, el suicidio que más impacto, tal vez porque era amiga de Patxi López. Retahíla individual que hace un drama colectivo, de vidas destrozadas y niños en la calle. Por cientos de miles. Desde el 2007 se han producido unas 400.000 "ejecuciones hipotecarias" (curioso término). Actualmente, 500 al día. Como las consecuencias alcanzan también a quienes avalaron la hipoteca, se evalúa en dos millones los afectados y podrían doblar en los dos próximos años. Expresión flagrante del fallo de un sistema inmobiliario-financiero: dos millones potencialmente en la calle y un millón y medio de viviendas vacías.

Pero además se trata de culpar a las víctimas: ¿por qué firmaron?, dícese. El libro de Ada Colau y Adrià Alemany, Vidas hipotecadas, que se encuentra en la red, proporciona datos y explica el mecanismo. La burbuja inmobiliaria se cebó con una política económica irresponsable favoreciendo la construcción sin mesura y el crédito con intereses variables y sin controles de solvencia. Aznar inició la burbuja con la ley del suelo de 1996 y Zapatero no cambió nada porque compartían el modelo de crecer y crear empleo sin crecimiento de productividad. Y como los alquileres eran caros y escasos, la gente fue receptiva a la seducción de los financieros en quienes confiaban y que les fueron colocando, siguiendo órdenes de arriba, hipotecas de alto riesgo, acciones preferentes y otras lindezas cercanas a la estafa. Todo se sostenía sobre la hipótesis infundada de crecimiento eterno, los precios de vivienda subirían siempre y la gente tendría trabajo para pagar. La mitad de los desahuciados está en paro hoy día, y aunque el 36% tiene contrato laboral, un 30% no pudo asumir el pago por el aumento de la cuota, y otro 20% atribuye el problema a una separación: daños colaterales de vidas que se programan financieramente olvidándose de la vida.

La iniquidad de un modelo financiero-inmobiliario que succiona a sus clientes y luego los desahucia se acentúa en España en contraste con Europa y EE.UU. por una ley de 1909 que no se cambió y que es una ley de préstamo, no de hipoteca en el sentido internacional. En otros países, cuando no puedes pagar pierdes la casa y punto. Pero aquí te quitan la casa, la valoran en un 60% del precio, aumentan gastos legales y te endeudas para siempre. Y se hace difícil encontrar trabajo, alquilar un piso o pedir crédito. Se crea una subclase social y una subhumanidad psicológicamente dañada.

La intransigencia de entidades financieras para condonar deudas y aceptar la dación como pago definitivo tiene explicación: la devaluación de sus activos inmobiliarios en una situación en que están siendo rescatados por las instituciones europeas. Escándalo: la quiebra de parte del sistema financiero exige el rescatar a los bancos de sus deudas a condición de no perdonar las de sus clientes que ellos hicieron quebrar.

Pero la sociedad no es un rebaño aborregado. Y contra la injusticia manifiesta se ha levantado un clamor que se concentra en torno a las más de setenta plataformas de afectados por las hipotecas que agrupan a miles de personas, afectados y solidarios, que usan medios legales y de presión social para detener desalojos y reclamar una modificación de la ley y una nueva política de vivienda. Proponen la conversión del parque de viviendas hipotecadas de primera residencia en parque público de alquiler social. La Administración debería obligar a las entidades financieras a asumir precios reales de las viviendas para que la Administración las compre a precio de vivienda protegida y el antiguo propietario pueda permanecer en ella como inquilino de vivienda protegida, con los requisitos establecidos para ser beneficiario de esta. Así ganaría toda la sociedad al aumentar el parque de vivienda pública en alquiler. Algo así se está aplicando en el País Vasco. Se podría pensar también en la bondad del banco malo: como va a tener que absorber un patrimonio invendible en su mayoría durante 15 años, los pisos que no pueda colocar en el mercado podrían ser puestos en alquiler social destinado a familias desahuciadas, de hecho rentabilizando dicho patrimonio mientras encuentra comprador.

Soluciones legales y técnicas existen, aunque todas pasan por una modificación de la ley Hipotecaria, con medidas especificas de carácter retroactivo. Lo que no soluciona el problema en ningún caso es la moratoria extremadamente restrictiva que ha promulgado el Gobierno. En esto el PSOE tiene razón en buscar una solución estable, aunque debería reconocer su responsabilidad y aplicar medidas propias en las comunidades que controla. Pero la reforma de la vivienda dependerá en último término de lo que pase en la sociedad, porque sólo la presión ejercida desde la calle y desde los suicidios ha obligado a los políticos a hacer algo, aún cosmético. Las plataformas de afectados no sólo son movilizaciones defensivas, están empoderando a la gente, tomando conciencia de sus derechos y compartiendo sus experiencias. Y el conjunto de la sociedad está entrando en liza: jueces, abogados, financieros éticos, farmacéuticos, médicos, cerrajeros, policías están negándose a colaborar en los desahucios, mientras ofrecen ayuda legal. El Sindicato Unificado de Policía ha ofrecido apoyo legal a aquellos policías que se nieguen a intervenir en los desalojos. El alcalde de Zaragoza ha ordenado a la policía local que no actúe en desahucios. El alcalde de Vigo cancela contratos con bancos que ejecuten desahucios. Tal vez esta indignación social pueda llegar hasta aquellos financieros con valores éticos, que los hay. Que entiendan que este es el momento de decidir si quieren recuperar confianza de la sociedad o acabar en el basurero moral de la historia.

Manuel Castells, Vidas desahuciadas, La Vanguardia, 17/11/2012