El cas Francesca Albanese

Francesca Albanese

La vida de la jurista italiana Francesca Albanese, que desde 2022 es relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, comenzó a cambiar este verano, el día que presentó su informe De la economía de la ocupación a la economía del genocidio, en el que acusaba a grandes empresas de ser cómplices de la ofensiva de Israel en Gaza. Ya había recibido amenazas tras su informe de marzo, Anatomía de un genocidio, pero esta vez fue distinto. A los seis días, el pasado 9 de julio, el secretario de Estado de la Casa Blanca, Marco Rubio, anunció que también se le aplicarían a ella las sanciones ya impuestas en febrero a jueces y fiscales del Tribunal Penal Internacional (TPI) por emitir mandatos de arresto contra Benjamin Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant. La acusación contra ella era, precisamente, de cooperar con el TPI y ser “una amenaza para la economía global”.

Le retiraron su visado y tiene prohibido entrar en Estados Unidos ―por ejemplo, no puede ir a la ONU a presentar uno de sus dos informes anuales, el otro es en Ginebra―. Pero sobre todo le congelaron todos sus bienes, entre ellos su cuenta y su apartamento en Estados Unidos, aunque ella ahora vive en Túnez. 

Además, entró en una lista negra que le aparta de todo el sistema bancario internacional, como si fuera una terrorista o una narcotraficante, y se fijaron penas para cualquier ciudadano estadounidense que tenga con ella un intercambio económico o en especie. Por ejemplo, su marido, que trabaja en el Banco Mundial, y su hija. “En teoría no me pueden invitar a un café, porque les pueden multar con hasta mil millones de dólares o imponerles 20 años de cárcel”, explicó en septiembre en la Cámara de Diputados italiana y ha ido contando en entrevistas.

Las implicaciones de las sanciones de EE UU para Albanese son enormes. Tiene que vivir solo con dinero en efectivo, no puede recibir transferencias, ni donaciones, ni su sueldo, ni comprar un billete de avión por internet. “Se ha levantado el hielo en torno a mí. En Estados Unidos colaboraba con universidades, profesores, ONG… pero nadie se atreve ya a tener relación conmigo. No porque no me apoyen, sino porque en este momento la Administración de Estados Unidos es una amenaza tal hacia todos que nadie se siente seguro”, ha resumido.

No puede abrir una cuenta en ningún banco del mundo, ni tener una tarjeta de crédito, porque ha entrado en la lista OFAC (Office of Foreing Assets Control) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de lucha contra el blanqueo de capitales y el terrorismo. Ese departamento prohíbe a cualquier entidad financiera tener como cliente a alguien que esté en la lista. El banco que lo haga no puede operar en dólares, se enfrenta a multas millonarias y queda excluido de los circuitos internacionales de pago.

“Nos llamó para ver si con nosotros era posible abrir una cuenta, pero miramos la legislación y no podíamos hacerlo, nos arriesgaríamos a no poder hacer nuestro trabajo”, cuenta a EL PAÍS Nazzareno Gabrielli, director general de Banca Ética, dedicada a sostener causas solidarias y sociales. “Nos entristece profundamente, porque se debe a una sanción completamente arbitraria de un Estado que pesa sobre los demás países”, señala. Banca Ética, Amnistía Internacional y otras organizaciones han escrito al Gobierno italiano pidiéndole que intervenga.

Iñigo Domínguez, La complicada vida de Francesca Albanese, El País 21/12/2025