És preferible una Catalunya independent a un pacte fiscal.

La independencia de Cataluña es un asunto de los catalanes. La autodeterminación es un derecho de los pueblos y en una democracia existen mecanismos para articular las decisiones de los ciudadanos. Creo que en España y en Europa existe la madurez suficiente como para asumir un proceso de independencia sin que haya que soportar un conflicto bélico. Creo, además, que las identidades nacionales tienen hoy valor sentimental más que importancia real en una economía globalizada por la especulación, en la que el poder de los políticos se ha sometido a los intereses de los mercados financieros. Hoy ya no es verdad eso de que Cataluña necesita económicamente a España.

Pero los ciudadanos que todavía seguimos creyendo en la política, aunque no seamos catalanes, tenemos derecho a pensar y opinar sobre la situación de Cataluña mientras forme parte del Estado español. Como el debate es complejo y está lleno de matices, conviene que cada cual intente aclarar las razones fundamentales de sus argumentos y que todos mostremos de manera honrada nuestras cartas. Hablando de una partida marcada por los corazones más que por las picas, hay una idea a la que mi corazón no puede renunciar: la identidad histórica es respetable desde el punto de vista administrativo, cultural y político, pero no puede convertirse en un motivo de discriminación económica.

Los ciudadanos debemos pagar impuestos por nuestro poder adquisitivo y nuestros ingresos, no por el lugar en el que hayamos nacido. La negociación fiscal que a mí me interesa como ciudadano no pasa por un acuerdo especial con Cataluña, sino por subir los impuestos a los movimientos especulativos y las grandes fortunas. Hay que añadir algún tramo más de cotización para las rentas altas y convendría denunciar los tratamientos especiales que alguna comunidad consiguió en nombre de sus peculiaridades históricas. Una democracia es pura farsa si todos los ciudadanos no son iguales ante la ley. Está justificado legislar con atención a las singularidades, pero siempre para ayudar a la igualdad, no para aumentar las diferencias.

Los vecinos del barrio de Salamanca en Madrid pagan más impuestos que los vecinos de Vallecas. Su poder adquisitivo es mayor. Sería un disparate democrático defender que por eso tienen derecho a mejores servicios y atenciones especiales. El debate político que le interesa a la democracia no es reclamar un acuerdo fiscal propio para los vecinos del barrio de Salamanca, sino denunciar que en realidad ya reciben un trato especial, y no en cuanto vecinos de un barrio determinado, sino en cuanto ricos. La fiscalidad española favorece a la gente de dinero y humilla a los pobres. Por eso son tan frágiles las inversiones públicas en derechos sociales.

Llevo años convencido de que Cataluña será independiente. Todo conduce a este desenlace. El miedo de los padres de la Transición española a constituir de forma clara un Estado federal generó una inercia de ofensa y malentendidos. Cada vez que los partidos mayoritarios han necesitado el apoyo nacionalista para gobernar, la derecha catalana ha dado la sensación de poner a la venta su voto para conseguir privilegios. Y cada vez que la derecha catalanista ha querido ocultar sus políticas injustas, no ha encontrado solución más fácil que echarle la culpa al centralismo de los partidos mayoritarios.

En la carrera de despropósitos, el PP ha jugado un papel principal. No hay partido que esté trabajando de forma más disciplinada a favor de la independencia de Cataluña y El País Vasco. La denuncia ante el Tribunal Constitucional del Estatuto votado por los catalanes fue la gota que colmó el vaso. Utilizar sentimientos de desprecio o superioridad ante Cataluña y El País Vasco sirve para ganar votos en Madrid o en Granada, pero genera claras antipatías contra España en las comunidades ofendidas. Los nacionalismos se alimentan entre sí y la derecha española, a lo largo de su historia, nunca ha mostrado interés en consolidar un Estado. Siempre ha preferido consolidar sus privilegios. Nos quedamos sin Ilustración, nos quedamos sin República y ahora nos vamos a quedar sin Cataluña.

El neoliberalismo catalán tiene una coartada fácil para justificar sus recortes clasistas. La culpa la tiene España. Dentro de la lógica neoliberal es un argumento razonable. En un mundo en el que los ricos no quieren pagar impuestos, en un mundo que acepta como lógica la desigualdad, por qué las comunidades con más poder adquisitivo van a renunciar a sus propios privilegios. Se trata de desprenderse de los pobres.

Como ciudadano español, prefiero una Cataluña independiente a un acuerdo fiscal basado en la desigualdad y en los privilegios para las rentas altas. La autodeterminación es un derecho que respeto, aunque no se me escapen las verdaderas causas históricas (que siempre son económicas). Lo que no respeto es la prepotencia de los poderosos. Soy andaluz, nací entre emigrantes y también tengo mi historia.

Luis García Montero, Cataluña, Público, 13/09/2012