El veritable rostre de la democràcia: l'estat d'excepció.










Estamos descubriendo que nuestros liberales entienden poco en qué consiste el liberalismo. Por regalar en opiniones bastante más pesimistas acerca de la naturaleza misma del liberalismo. Esas cosas de las que me ocupaba
Carl Schmitt, reducido por una historia siempre sumaria al papel de «jurista del nazismo», caracterizó como pocos la buena democracia. En un texto de 1920 –que adapto por razones de espacio– escribía: «El Parlamento sólo será real en tanto que la discusión pública sea tomada en serio y llevada a efecto. Discusión posee un sentido especial y no significa simplemente negociación. No se deben confundir los conceptos ni ignorar las características específicas de la discusión. Esta significa un intercambio de opiniones cuyo objetivo es convencer al adversario por medio de argumentos o permitir que él también pueda persuadirnos. Lo característico de las constituciones representativas es que las leyes se generan a partir de la lucha de opiniones (no de intereses). Las convicciones comunes forman parte de los debates como premisas: la disposición a dejarse convencer, la independencia respecto a los partidos, la imparcialidad respecto a los intereses egoístas».
Impecable. Las ideas se exponen, se discuten con las mejores razones y vencen las mejores, que acaban convertidas en leyes comunes. Ni Habermas. Claro que Schmitt, de inmediato, añadía que todo eso era un ideal hermoso, pero completamente ajeno a la realidad. En los momentos decisivos, se desvanece el decorado de las razones y asoma el poder desnudo: cuando llegan las horas difíciles, el Estado democrático abandona sus buenos modales y muestra su rostro verdadero. El soberano suspende la ley para salvarse, impone el estado de excepción: el instante en que el Derecho calla y el poder decide por encima de él, en nombre de su propia supervivencia. Entonces se revela que la norma descansa, en última instancia, sobre la voluntad de quien puede suspenderla. La tolerancia no resiste la discrepancia radical, precisamente cuando más falta haría.
A su manera, el terrorismo de izquierdas de los años 70 del siglo pasado –como el de las Brigadas Rojas– sostenía una convicción similar: su estrategia violenta desenmascararía la ficción de la democracia: la represión del Estado revelaría la verdad política oculta y esa revelación provocaría una reacción popular. Su argumentario descansaba en tres premisas: la democracia burguesa era una fachada; si se la llevaba al límite –mediante la lucha armada–, se revelaría el carácter ilusorio de su tolerancia, pluralismo y legalidad; y, cuando el sistema respondiera con violencia –suspendiendo derechos, censurando, encarcelando sin garantías, torturando o matando–, el pueblo «abriría los ojos» y se volvería contra el régimen. Era, en el fondo, una pedagogía del conflicto. Confiaban en que el terror estatal, una vez desvelado, despertaría una conciencia colectiva: la opinión pública viviría una suerte de epifanía política al ver las libertades sacrificadas. Pero ocurrió lo contrario: la sociedad, aterrada, pidió más orden, más policía, más represión. El experimento, que debía revelar la verdad de la democracia, acabó demostrando –una vez más– la verdad del terror.
Para los brigadistas, como para Schmitt, la «democracia burguesa» mentía: no era una verdadera democracia. Un reproche que, como todos los reproches, encerraba un homenaje a la democracia auténtica, a las promesas liberales traicionadas. La estrategia se mostró, además de cruel, ingenua con su fe ciega en una revelación iluminadora de la conciencia popular que nunca llegó. En esa candidez hallaron su anclaje los servicios secretos –de la OTAN y del Mossad–, que manipularon el terror de los brigadistas con eficacia. Sin escrúpulos. Como ha documentado 30 años más tarde Eric Salerno en Mossad. Base Italia (2010), aquellos episodios revelaron una vez más el grado de compromiso de los aparatos de Inteligencia con la estabilidad democrática de Europa. Ninguno.
Con nuevos protagonistas, imprevistos, la tesis de Schmitt parece volver a ponerse a prueba otra vez. En los últimos años, en nombre de la democracia se desprecian los principios fundamentales del orden liberal. Comenzando por el más básico –que no es el único, pero sí la condición mínima para empezar a hablar de democracia–: el respeto a los resultados electorales. Bajo el argumento de proteger la democracia frente a amenazas populistas o extranjeras, se ha normalizado el uso de fórmulas que retrasan o neutralizan la voluntad popular y ponen en riesgo derechos fundamentales. La vigilancia de las comunicaciones privadas, la congelación de activos de ciudadanos rusos y las presiones políticas sobre los tribunales –en Rumanía, en Francia a propósito de las causas contra Le Pen, o en Alemania, con el intento de involucrar al Constitucional en la ilegalización de AfD– muestran hasta qué punto los instrumentos de defensa de la democracia pueden manipularse para erosionar sus fundamentos. Los primeros indicios ya estaban en Italia, cuando la fragmentación parlamentaria permitió imponer el Gobierno tecnocrático de Mario Draghi sin refrendo ciudadano. Pero el proceso se ha acelerado en los últimos tiempos: en Rumanía se ha vetado a candidatos incómodos por «prorrusos», y en países como Georgia o Moldavia la apelación a la seguridad nacional ha servido de pretexto para excluir del poder a fuerzas contrarias al eje euroatlántico. Un cambio en la política exterior –incluido en un programa votado– se juzga motivo suficiente para ignorar los resultados electorales. El caso alemán aludido es aún más significativo: el avance de AfD ha provocado un debate sobre su posible prohibición, invocando la defensa del orden liberal para limitar la representación política.
La paradoja de las Brigadas, con otros protagonistas. Una nueva variante de Schmitt: mientras se alzan voces alarmadas contra la extrema derecha, se aplican con diligencia sus recetas migratorias y se perfecciona un control digital que haría palidecer a los viejos ministerios de la Verdad. Hoy, el calificativo de «extrema derecha» –como el de populista- se ha convertido en un arma arrojadiza vacía. La línea, nítida en la teoría, en la práctica no hay modo de trazarla. Piensen en Alemania: son figuras de esa misma «ultraderecha» –como Alice Weidel, de AfD– quienes levantan la bandera de las libertades civiles, denunciando el control de chats impulsado por Bruselas como un «proyecto absolutamente totalitario», una «abolición real de la privacidad digital». Al final, todos parecen competir por ocupar el lugar de la extrema derecha, sobre todo quienes más se empeñan en salvarnos de ella.

Félix Ovejero, muro Facebook 05/01/2026


<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3Dpfbid02TcBRnfMVw4fsKMvQDmGUNvwHZWeYoWB8tqjvqRg9Yh9WgJsKBHCM2mdoVpYLW9wil%26id%3D100009407174550&show_text=true&width=500" width="500" height="282" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Percepció i selecció natural 2.

El derecho a mentir

La ciència del mal (Simon Baron-Cohen).