Legalitat i moralitat
La legalidad se utiliza como argumento definitivo para eludir el debate sobre la legitimidad o la oportunidad política de la iniciativa o sobre la significación moral de la misma. Se olvida deliberadamente que una cosa puede ser legal pero inaceptable desde criterios democráticos. La consagración del principio que dice que la moral es la ley es la mejor demostración del triunfo absoluto del interés privado sobre cualquier idea de interés general o de bien común.
Me da absolutamente igual que sea legal o no la decisión del Ayuntamiento de Vic. Me parece igual de repugnante. En una sociedad en que la igualdad se ha convertido en una quimera, al inmigrante ilegal -esta terrible figura que niega la condición humana a una parte de los que habitan entre nosotros- sólo le quedaba una forma de reconocimiento público, un primer esbozo de ciudadanía: figurar en el padrón. Era la única posibilidad de ser algo más que nadie: tener, por lo menos, el nombre reconocido en la lista de los habitantes de la ciudad. Primera y tibia promesa de una futura ciudadanía y puerta de acceso a la más elemental atención: la sanitaria.
Si precario es el argumento legal, más grave es otro argumento que ha sonado estos días: el económico. Negar el derecho a la asistencia básica a los ilegales como una forma de reducir gastos. Me he acordado de un taxista norteamericano que me justificó la pena de muerte por el dinero que se ahorraba al Estado al no tener que mantener al condenado.
Si la presencia de la ultraderecha en un municipio lleva a los representantes de estos tres partidos catalanes a tan penoso seguidismo, ¿qué ocurrirá en las próximas elecciones autonómicas en que Anglada ha anunciado su intención de aspirar a conseguir presencia parlamentaria? El mimetismo de la izquierda en materia de inmigración, fruto del miedo a tener una política propia que defienda por encima de toda la dignidad de las personas, es realmente preocupante. Ahí están las vallas de Ceuta y Melilla y las leyes de extranjería como permanentes testigos de acusación contra Zapatero y su Gobierno.
Me da absolutamente igual que sea legal o no la decisión del Ayuntamiento de Vic. Me parece igual de repugnante. En una sociedad en que la igualdad se ha convertido en una quimera, al inmigrante ilegal -esta terrible figura que niega la condición humana a una parte de los que habitan entre nosotros- sólo le quedaba una forma de reconocimiento público, un primer esbozo de ciudadanía: figurar en el padrón. Era la única posibilidad de ser algo más que nadie: tener, por lo menos, el nombre reconocido en la lista de los habitantes de la ciudad. Primera y tibia promesa de una futura ciudadanía y puerta de acceso a la más elemental atención: la sanitaria.
Si precario es el argumento legal, más grave es otro argumento que ha sonado estos días: el económico. Negar el derecho a la asistencia básica a los ilegales como una forma de reducir gastos. Me he acordado de un taxista norteamericano que me justificó la pena de muerte por el dinero que se ahorraba al Estado al no tener que mantener al condenado.
Si la presencia de la ultraderecha en un municipio lleva a los representantes de estos tres partidos catalanes a tan penoso seguidismo, ¿qué ocurrirá en las próximas elecciones autonómicas en que Anglada ha anunciado su intención de aspirar a conseguir presencia parlamentaria? El mimetismo de la izquierda en materia de inmigración, fruto del miedo a tener una política propia que defienda por encima de toda la dignidad de las personas, es realmente preocupante. Ahí están las vallas de Ceuta y Melilla y las leyes de extranjería como permanentes testigos de acusación contra Zapatero y su Gobierno.
Josep Ramoneda, Perder los papeles, El País, 14/01/2009
http://www.elpais.com/articulo/espana/Perder/papeles/elpepiopi/20100114elpepinac_8/Tes
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