Polític en venda.

 

La mayoría de los españoles cree que el nuestro es un país más corrupto que Italia, Marruecos o incluso China, según el último barómetro del Instituto Real Elcano. Algunos autores publican que somos endémicamente corruptos. Nada de esto es cierto.

En términos absolutos, estamos en el lugar número 30 de la lista de países por corrupción en 2012 elaborada por Transparencia Internacional. Este ranking de limpieza de las instituciones públicas lo encabeza Finlandia y lo cierra Sudán, en la posición número 174, y se apoya en los datos de percepción de la corrupción elaborados en base a encuestas de opinión. China ocupa la posición 80 y Marruecos, la 88.

Especialmente interesante es la comparación con Estados Unidos, para muchos adalid del buen gobierno y la democracia. En la lista de Transparencia Internacional, se sitúa en la posición 18, con un grado de limpieza de 78 sobre 100, frente al 65 de España.

En Estados Unidos la percepción de la corrupción pública es menor que en España. Eso es, entre otras cosas, porque ésta allí está legalizada e incorporada en el sistema.

Una de las claves para que un sector público se considere limpio es que el sector privado no pueda comprar favores políticos a cambio de dinero. Pero Washington es, en ese sentido, un mercado persa donde las empresas pagan las campañas de los congresistas encargados de las comisiones que los regulan, o donde los prohombres de la economía suelen codearse con los prohombres de la política a los que han ayudado a conseguir su puesto.

Gran parte de este entramado es trasparente, eso sí. Los gastos electorales los revisa la Comisión Federal Electoral (FEC); los datos de lobying o cabildeo se publican en la Oficina del Senado para los Estamentos Públicos y hay comités del Senado, de la Cámara y del Ejecutivo para revisar la ética de las contribuciones.

Pero la ecuación no cambia. Cuando gran parte de los políticos están a la venta y dependen, fuertemente, del dinero privado para su elección, el sistema democrático sufre una profunda distorsión. Algunos lo llaman corporatocracia: son las grandes empresas las que presionan para poner y quitar ayuntamientos, gobiernos estatales, congresistas o presidentes.

En este sentido, y por comparación, España es un país mucho menos corrupto que Estados Unidos. En Washington comprar políticos es, en general, legal; en Madrid, no.

Estados Unidos permite las donaciones anónimas; España, no

En teoría, todo contribuyente estadounidense ha de desvelar las contribuciones directas que realiza a los candidatos o a los partidos, pero las aportaciones indirectas, a través de los Super Comités de Acción Política (los llamados Super PAC), no tienen por qué hacerse públicas. Es decir, que un empresario o un sindicato pueden entregar una cantidad ilimitada de dinero a un Super PAC y hacerlo de forma anónima. Éste puede operar para favorecer a un candidato o destruir al contrario, normalmente comprando un espacio comercial en las televisiones y emitiendo anuncios políticos, la principal herramienta de propaganda en el sistema político estadounidense.

Estos comités pueden operar sin límites con ese dinero, con el único requisito legal de que no haya coordinación entre la campaña del candidato y el Super PAC. Un requisito irrelevante que se circunvala de la siguiente forma: los Super PAC los forman ex asesores de la campaña que saben perfectamente cuál es el objetivo. Por ejemplo, el Super PAC republicano “Restaurar nuestro futuro” (Restore Our Future) fue creado por antiguos miembros de la campaña de Mitt Romney y se gastó 142 millones de dólares (unos 100 millones de euros). American Crossroads, el gestionado por el muñidor republicano Karl Rove, 91 millones. “Acciones Prioridad USA” (Priorities USA Action), el demócrata, puso 66 millones sobre el tapete.

En total, estos grupos presuntamente independientes se han gastado al menos 534 millones de dólares en las últimas presidenciales, según el diario The New York Times. La mayoría (426 millones) fue desembolsada por los republicanos.

Estados Unidos permite las donaciones ilimitadas; España no

En el año 2010 el Tribunal Supremo estadounidense decidió que no era inconstitucional que las empresas donaran dinero sin límite a los partidos políticos o a los candidatos. El argumento judicial venía a ser el siguiente: la Constitución protege la libertad de expresión de los ciudadanos; las corporaciones son como ciudadanos y por tanto tienen derecho a la libertad de expresión. Para las empresas, el uso del dinero en política equivale a la libre expresión de su opinión. Por tanto, del mismo modo que se respeta la libertad de expresión en un ciudadano ha de respetarse el uso del dinero en política por parte de grandes compañías.

El dinero de verdad (the big money, como lo llaman en EE UU) suele estar más del lado republicano. Los hermanos Koch, magnates de las industrias del mismo nombre, son los temidos mecenas que ponen y quitan reyes en el viejo Gran Partido Republicano (GOP). Sheldon Adelson, el multimillonario de los casinos, ha entregado, a través de sus empresas Las Vegas Sand y Adelson Drug Clinic un total de 95 millones directos a los distintos candidatos republicanos. Otras empresas como Contran Corp o Perry Homes han dado 31 y 23 millones respectivamente, todo según datos oficiales recopilados por OpenSecrets.org.

El centro izquierda también depende, aunque en menor instancia, de grandes financiadores: sin el sindicato de profesores ASSN o el de trabajadores del automóvil United Auto Workers, los demócratas no sólo habrían tenido 30 millones de dólares menos en contribuciones directas, sino que habrían perdido una cantidad que se desconoce en dinero indirecto de donaciones particulares de sus millones de miembros.

Estados Unidos permite las contribuciones de empresas contratadas por el Gobierno; España no

La empresa de defensa Lockheed Martin se convirtió en 2008 en la compañía que más cobró por contratos con el Estado de la historia del país: 36.000 millones de dólares (un tercio de lo gastado en educación, por ejemplo), según cálculos de FedSpending.org. Al mismo tiempo, la corporación es la principal contribuyente de Howard McKeon, el jefe del Comité de Servicios Armados de la Cámara de representantes. 

Muchas otras grandes empresas se gastan cada año decenas de millones de dólares en cabilderos de la calle K, la conocida avenida de Washington repleta de empresas de presión política, a escasa distancia del Capitolio y de la Casa Blanca. Allí, un ejército de abogados, muñidores, ex congresistas o ex trabajadores del Congreso cobran salarios de centenares de miles de dólares por utilizar sus agendas de contactos con los legisladores de EE UU. Es de esta forma, por ejemplo, que los grandes bancos han conseguido aguar hasta la máxima dilución posible gran parte de las regulaciones de la ley de reforma del sistema financiero (el Acta Dodd-Frank para la Regulación de Wall Street y la protección del Consumidor) o, directamente, impedir la implementación de muchas de ellas. 

En Estados Unidos las campañas son, ajustadas por tamaño, tres veces más caras que en España

La última campaña electoral, la que terminó esencialmente con el mismo resultado vigente (Barack Obama presidente; el Congreso dividido entre el Senado demócrata y la Cámara de Representantes republicana) costó nada menos que 2.000 millones de dólares. Fue con diferencia la más cara de la historia, una vez ajustada por la inflación. Con el dinero se pagaron vuelos, publicistas, consejeros de campaña, anuncios de televisión, anuncios de prensa, pancartas, abogados, coches, chóferes y, en fin, todo lo que uno necesita para recorrer y hacer campaña en un país con 50 estados. Esos 2.000 millones de dólares son del orden de 40 veces más de lo que se gasta en España en una campaña (65 millones de dólares en 2012). ¿Estados Unidos tiene más gente y todo es más caro? Cierto en parte, pero el PIB es 16 veces superior, no 40. 

Hay que tener en cuenta las diferencias en la cultura política: en EE UU las campañas duran más (meses frente a las dos semanas españolas), y se hacen a pie de calle además de en los estudios de televisión. Pero el coste creciente está ruborizando a propios y extraños.  Para empezar porque algunos dudan de que este gasto influya de forma decisiva en un sentido o en otro, pero deja a los políticos debiendo favores a sus financiadores. Segundo, porque la necesidad de tanto cash esencialmente liquida las oportunidades de los candidatos que no tengan muchos padrinos detrás. Esto se percibe más en las “primarias”, los procesos de selección en los que cada partido elige a su candidato. Ahí el dinero es la clave: si Sheldon Adelson te da un cheque en blanco como a Newt Gingrich en el partido republicano, subes; si andas corto de fondos como Gary Johnson , tus posibilidades de aparecer en los grandes medios o ser invitado a los debates desaparecen. 

Y, además, en Estados Unidos hay decenas de condenados por corrupción política

Sólo en el último año, de forma estatal, se ha condenado por extorsión, soborno, financiación ilegal, fraude electoral o enriquecimiento ilícito a, al menos, una docena de representantes de estados como Arizona, Illinois, Chicago, Indiana, Nueva Jersey o Massachussets. En 2010 el caso de mayor envergadura fue el de la condena del gobernador de Illinois, entre otros. En 2009, un representante de Luisiana y otro de Alaska. La lista es larga. 

Mario Saavedra, ¿Y si legalizamos la corrupción?, esglobal, 18/03/2013