Crisi espanyola: no ha estat un accident.

Formalmente, España no está intervenida pues el Gobierno sigue tomando las decisiones y encargándose de su aplicación. Pero es evidente que, tras la batería de medidas hechas públicas el miércoles por Mariano Rajoy, el Gobierno ha perdido todo su margen de autonomía para diseñar y ejecutar su propia política anticrisis. En su comparecencia, el presidente no solo evitó ocultar que este paquete de medidas viene impuesto desde el exterior sino que se distanció deliberadamente de ellas dejando bien claro que un buen número son contrarias a sus principios y creencias. Solo le faltó al presidente completar su arranque de sinceridad diciéndonos lo que todo el mundo anticipa: que estas medidas no generarán crecimiento ni crearán empleo, por lo que en lugar de acercarnos al cumplimiento del objetivo del déficit nos alejarán de él y nos obligarán a llevar a cabo una nueva ronda de recortes. Y así sucesivamente.

Se imprime así un giro importante en el discurso gubernamental sobre la crisis, pues hasta ahora el presidente del Gobierno había venido sosteniendo que la aplicación de políticas de austeridad no venía impuesta desde el exterior sino que formaba parte del ideario propio. “No es Merkel quien nos impone la austeridad, somos nosotros quienes la aplicamos porque creemos en ella”, llegó a decir el presidente. Pero ahora, Rajoy mimetiza la actitud adoptada por Zapatero, que también quiso dejar claro su disgusto y distanciamiento con las medidas adoptadas. Se trata de un curioso y contradictorio proceder por parte de los dos presidentes que han conducido el país durante esta crisis: a costa de pretender salvar la legitimidad del que gobierna se socava la legitimidad de las medidas con las que se quiere gobernar y, por tanto, la credibilidad del que gobierna. Otro círculo vicioso. En política, a la hora de elegir entre varias alternativas, se suele utilizar un criterio de eficacia. En la situación presente, por el contrario, las políticas se adoptan a sabiendas de que no serán eficaces y contando con una única justificación: la de que no hay alternativa si lo que se quiere evitar es la quiebra e intervención completa del país. Cuando no hay elección, no hay política, ni tampoco, en el fondo, democracia. En consecuencia, aunque no estamos intervenidos, sí que estamos en una situación de excepción democrática.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué errores se han cometido? En el informe encargado por el Parlamento japonés sobre el desastre de la central nuclear de Fukushima, que hemos conocido esta semana, se hacía un planteamiento que, salvando las distancias, tiene muchísima relevancia para el caso español. El terremoto y el posterior tsunami, dice el informe, fueron los accidentes que generaron las condiciones para el desastre. Pero, advierte con toda crudeza, no busquen en un fenómeno natural externo las causas de la crisis y, sobre todo, no busquen en los aspectos accidentales la exoneración de sus responsabilidades, colectivas e individuales. El accidente, concluye el informe, lo causaron acciones concretas y decisiones concretas de individuos e instituciones, y como tales podían haberse evitado. Pero sobre todo, el informe incide con particular dureza en los que denomina “aspectos culturales”. Con ello se refiere a aquellos elementos de la cultura japonesa (sentido de la jerarquía, deferencia hacia la autoridad o incapacidad para la crítica a las normas establecidas) que hicieron que la respuesta al terremoto fuera tan tardía e inadecuada que, en la práctica, fuera la responsable última del accidente.

En un sentido parecido, el informe independiente sobre el 11-S identificó muy claramente y con suma dureza los fallos institucionales que llevaron a EE UU a uno de los momentos más críticos de su historia. Algo parecido podemos decir de la situación española. Es cierto que el euro ha demostrado no estar bien preparado para resistir crisis como la generada por la caída de Lehman Brothers y que ha generado desequilibrios importantísimos entre sus miembros. Pero como en el caso del tsunami, esos choques no son los causantes de nuestra situación actual ni podemos por tanto escudarnos tras ellos: en España tenemos prácticas culturales y diseños institucionales que debemos revisar en profundidad si queremos entender cómo hemos llegado hasta aquí. Por eso, ahora que toda la política económica española se hace en Bruselas, las Cortes Generales disponen de abundante tiempo para encargar un informe similar donde se explique a la ciudadanía, sin partidismos ni pasiones, las razones de esto que indudablemente es un fracaso colectivo.

José Ignacio Torreblanca, Fracasos colectivos, El país, 13/07/2012