La vida, els drets de les dones i la religió.

 

Beatriz C. es salvadoreña, tiene 22 años y está embarazada. De acuerdo con un dictamen realizado por 15 especialistas del Hospital Nacional de Maternidad de San Salvador, la paciente presenta “un parto prematuro previo y embarazo de alto riesgo con crisis lúpica, preeclampsia grave con crisis hipertensiva, con atonía uterina posparto (…), en estado de embarazo de aproximadamente 19 semanas de un feto con anencefalia [sin formación de cráneo y cerebro]”. En otras palabras, el bebé de Beatriz morirá con toda certeza poco después del parto, si es que llegase a ese punto. De continuar con la gestación, se disparan las posibilidades de que la madre también muera como consecuencia de las complicaciones de su propia enfermedad y las sobreimpuestas por el embarazo. 

Para evitar que eso ocurra, Beatriz C. necesita interrumpir cuanto antes su embarazo. Pero las leyes salvadoreñas –cuyo Código Penal prohíbe el aborto bajo cualquier circunstancia- se lo impiden. Sus abogados han interpuesto un recurso ante la Corte Suprema de Justicia que debe ser resuelto en poco tiempo tras un dictamen del Ministerio de Salud. El recurso ha sido apoyado por un llamamiento internacional de expertos de la ONU que se ocupan de la mujer, el derecho a la salud y –atentos- de la tortura y otras formas de trato degradante.

No es el único caso dramático en este país cuyas leyes sobre salud sexual y reproductiva están secuestradas por los grupos religiosos más conservadores. Un escalofriante artículo de Laura Aguirre publicado hace un año en ElFaro.net describe la situación de más de dos docenas de mujeres que han sido encarceladas por abortos naturales o inducidos. Sonia Ester Tabora, por ejemplo, fue condenada a 30 de cárcel por homicidio agravado cuando la complicación de un embarazo provocó un parto prematuro. Como ella, todas las encarceladas corresponden a los estratos más pobres de la sociedad, sin acceso a servicios dignos de salud o a la protección de un abogado. Para esas mujeres, las violaciones y los embarazos adolescentes están a la orden del día. De acuerdo con el mismo medio, cada día de 2011 tres niñas de entre 10 y 14 años dieron a luz en un país que tiene la misma población que Madrid.

La clave de este debate se encuentra en el contundente comunicado hecho público hace pocos días por la Comisión Nacional de Bioética de El Salvador, que acusa al Estado de imponer “las opiniones externadas por algunos grupos [que] buscan el cumplimiento de sus principios/motivos personales y no la conservación de la vida de B.C.”. Porque la respuesta de la Iglesia salvadoreña al caso de Beatriz C. ha sido alertar sobre la posibilidad de que esta historia se convierta en “la puerta” para legalizar el aborto en el país. José Luis Escobar, arzobispo de San Salvador, declaraba hace pocos días: “me pregunto si eso [interrumpir el embarazo] será lo mejor para ella; porqué no cuidarla con cuidados esmerados para que esté bien de salud y al niño que está en formación y va a nacer, respetémosle su derecho a vivir”. Los detalles sobre el tipo de cuidados que permitirían a un bebé superar la anencefalia no formaron parte de la homilía, lamentablemente.

El espectáculo medieval de El Salvador –en el que la opinión de un grupo religioso prevalece sobre la de los médicos y la de la propia madre, aun a costa del sufrimiento y la vida de esta- ofrece algunas luces para el debate que está teniendo lugar en nuestro propio país. La situación de Beatriz C. sería impensable hoy en España, pero solo porque hemos sido capaces de alcanzar un consenso social basado en la ciencia, en el respeto a los derechos de la mujer y en la capacidad de ponernos en el lugar del otro. Si una mayoría absoluta al servicio de una estrategia política torticera cambia eso en los próximos meses, en este campo España se alejaría de Europa para asemejarse a El Salvador.

Gonzalo Fanjul, ¿Tiene que ser la fe o la vida?, 3.500 Millones. Ideas irreverentes contra la pobreza, 30/04/2013