Contra el voyerisme institucionalitzat.

La justicia debe investigar hechos penalmente relevantes, conductas antijurídicas y culpables, pero no convertir cada relación, cada mensaje o cada proximidad personal en una pieza de sospecha moral. Cuando esto ocurre, el objetivo no es probar un delito, sino producir una impresión: en muchas ocasiones, se trata de una filtración contra todo derecho que causa un daño, a veces irreparable, al imputado y no nos hace mejores a la ciudadanía, que nos convertimos en unos auténticos cotillas. La pregunta fundamental que ha de hacerse quien tiene en sus manos desvelar algo es para qué sirve: ¿a la causa judicial, para alimentar la curiosidad publica o para favorecer ciertas estrategias políticas? ¿Somos así los ciudadanos personas mejor informadas o mirones que han satisfecho su ración de indignación?

A menudo, la información sobre procesos judiciales en curso está repleta de conexiones hipotéticas y detalles escabrosos que nos distraen de lo esencial y que no tienen significado penal sino reputacional. La fijación en lo anecdótico o escandaloso, ¿mejora nuestra tarea de vigilancia democrática o funciona como una gigantesca distracción colectiva? El público crítico no es el que mira todo lo que le ponen delante, sino el que es capaz de preguntarse por qué le muestran eso y de ese modo.

Así, ni siquiera la función de vigilancia democrática puede ejercerse con plenitud, ya que la espectacularización de la vida política impide percibir todo aquello que no encaja en la categoría de lo sensacional, que resulta poco atractivo para el ciudadano-espectador, aquello que no impresiona ni es personal, cuanto no provoca rabia o envidia o indignación, todo lo que es normal, banal, estructural o complejo.

También los medios tienen que hacerse preguntas incómodas porque no pocas veces contribuyen a esta degradación de nuestra conversación pública. Cuando un medio se plantea si debe o no dar a conocer un comportamiento privado, las preguntas que debería hacerse son: ¿qué efectos tendría esto sobre la calidad de nuestra vida democrática? ¿Se trata de un conocimiento del que deben disponer los ciudadanos para evaluar la acción de sus representantes? Si hay que hacerlo, ¿guarda proporción el grado de publicidad con su pertinencia? ¿A quién beneficia y a quién perjudica (injustamente) determinada revelación o el modo de enfocarla?

La revelación irrelevante es políticamente devastadora porque desplaza el juicio desde la prueba hacia la insinuación. Mientras el derecho penal exige hechos, la opinión pública se conforma con atmósferas; mientras el juez distingue entre culpabilidad e inocencia, el escándalo solo necesita confundirlas durante el tiempo suficiente. El resultado es lo que podríamos llamar la pena de desnudez: una persona puede ser absuelta jurídicamente y quedar condenada socialmente, una vez que su intimidad ha sido expuesta, fragmentada y convertida en munición. Sin contexto, lo que decimos y hacemos, enjuiciados únicamente a partir de lo que dicen otros de nosotros mismos, no somos nada.

Aquí reside la responsabilidad política de quienes impulsan estos procesos. Desnudar a una persona ante la mirada pública no siempre es un daño colateral de la justicia; con frecuencia puede ser su verdadero objetivo. Existe una perversión específica en quienes, sabiendo que la prueba es insuficiente, se afanan en exponer los restos de la intimidad para mantener viva la sospecha. No se desnuda a alguien para servir a la verdad, sino para intimidar o destruir a un adversario, convirtiendo la humillación en arma política. Quien organiza el espectáculo no es un espectador curioso: es un actor que ha elegido su papel. También lo es quien pide más. También quien asiste complacido.

Se dirá que la transparencia exige explicaciones: las conversaciones, los vínculos, las decisiones. Es verdad, pero esa exigencia tiene un límite que conviene no olvidar: afecta a los actos públicos del poder, no a la vida entera de las personas. Confundir ambas cosas no es rigor democrático; es voyerismo institucionalizado.

Nadie resiste una transparencia absoluta. Todos vivimos rodeados de frases incompletas, vínculos equívocos, afectos desordenados, torpezas, fragilidades. Sacados de contexto, muchos gestos humanos parecen feos, pero no todo lo que incomoda a un observador exterior merece convertirse en reproche público. La confianza democrática no nace de verlo todo; nace de aceptar que no podemos, y no debemos, verlo todo, y convivir aun así bajo reglas comunes. Una sociedad construida solo sobre la vigilancia no es más virtuosa: es más desconfiada, más cruel y, al final, más autoritaria.

Daniel Innerarity, La decencia de cerrar las ventanas, El País 29/05/2026