Més eficàcia, menys democràcia.




Si el objeto de la crítica era antes la eficacia sin democracia, hoy lo es la burocracia de la democracia; entonces decepcionaba la falta de democracia, mientras que hoy defrauda la falta de efectividad. El Estado no proporciona los bienes que promete: vivienda asequible, mejores salarios, educación pública de calidad, atención sanitaria sin largas esperas, protección frente a los nuevos riesgos, seguridad pública, trabajo para todos, trenes puntuales, un futuro mejor. El expresidente del Tribunal Constitucional Federal de Alemania, Andreas Vosskuhle, dijo en cierta ocasión que el Deutsche Bahn es también un problema para la democracia. Para un alemán que sus trenes no funcionen es el paradigma de un Estado que seguramente tampoco funciona en otros campos (vivienda, salud, educación, seguridad): un indicador de que ya no podemos creer en la eficacia de las instituciones estatales ni de las democracias en general.

Todo esto coincide en el tiempo con la realidad de unos jóvenes que, según nos dicen las encuestas, son el gran caladero de votos de la extrema derecha y que estarían cada vez más dispuestos a sacrificar algunos valores democráticos a cambio de bienes materiales (bienes que a la vez creen asequibles con menores impuestos, por cierto). Se trata de una nueva credulidad porque no se preguntan si el mercado por sí solo puede garantizarnos esos bienes. Por supuesto que entre el Sindicato de Inquilinas y los votantes jóvenes de Vox no hay casi nada en común, pero esta coincidencia en que, por ejemplo, el derecho a la vivienda sea efectivo y no una mera declaración nos está señalando que entramos en una nueva fase de la evolución de nuestras democracias, entre esperanzadora e inquietante, que reordena las prioridades sociales. Al mismo tiempo, nos faltan todavía análisis más sofisticados acerca de este desplazamiento hacia la derecha de buena parte de la juventud, que no es exactamente una regresión. No hay un retroceso democrático total (no se propugna literalmente la vuelta al franquismo, ni esta joven generación parece dispuesta a renunciar a las conquistas liberales en materia de costumbres o libertades), pero sí que supone una preocupante aceptación de la manera autoritaria de gobernar la sociedad. Resultados a cambio de democracia o, en versión más casposa: Franco construía más pisos y pantanos.

Los recientes estudios sobre la juventud indican que, en un contexto de gran incertidumbre, una creciente extrañeza del mundo, inestabilidad económica y una evolución futura imprevisible, existe una poderosa nostalgia de determinados valores convencionales como seguridad, patria, protección y comunidad. La sensación de pérdida de control frente al mundo es una experiencia contemporánea que dispara los valores asociados al orden y la autoridad. Este es el clima que explicaría el reajuste de los valores que estamos contemplando entre los nuevos protagonistas de nuestras democracias.

Quien está dispuesto a ese trueque no debería llamar pragmatismo a la disposición a consentir medidas autoritarias. ¿Por qué un poder menos controlado resolvería mejor sus problemas? ¿Conseguiría una vivienda más asequible un gobernante menos contestado? ¿Sería más sensible a los bajos salarios? ¿Tendrían los jóvenes más capacidad para exigirle responsabilidades? ¿Les estaría permitido instalarse en Sol para protestar si ese poder incumple sus promesas? Conocemos bien su decepción con la democracia, pero deberíamos interrogarnos sobre la confianza depositada en su alternativa. Estamos sometiendo a la democracia al examen de sus resultados reales y dejamos al autoritarismo disfrutar de sus resultados imaginarios. La democracia queda del lado de las promesas incumplidas; la disposición a prescindir de ella, del lado del realismo pragmático.

A veces no es una cuestión de ineficiencia del Estado, sino de voluntad de desmantelar ciertos servicios públicos, con la promesa de que el mercado los proveerá mejor. Me refiero a la creencia que estuvo detrás de los proyectos neoliberales de Reagan o Thatcher, a la motosierra de Milei, las privatizaciones de Díaz Ayuso, al proyecto de adelgazar la administración con el que fracasó Elon Musk. Apenas consiguieron que lo público funcionara mejor, pero tuvieron dos grandes éxitos: alterar la asignación de responsabilidades, que pasaban a reposar exclusivamente sobre los hombros de los sujetos merecedores de que les fuera bien, y conseguir la equiparación entre administración y burocracia. Una vez instaladas estas dos creencias, desburocratizar no era un proyecto para hacer más eficaz al sector público sino para legitimar que el sector privado se hiciera cargo de unas tareas que implicaban un cambio radical de las reglas del juego.

La larga lista de fracasos que cosechan nuestras democracias convierte en especialmente atractivas las promesas de una eficacia conseguida a costa de los procedimientos democráticos, degradados a la categoría de formalidades prescindibles. Ahora bien, aunque los gobiernos democráticos tienen muchos problemas de ineficacia, ni estos problemas se deben a que estén obligados a respetar la voluntad popular y los requisitos legales, ni las autocracias son un modelo de eficacia. Sacrificar la democracia en el altar de los resultados no nos asegura la eficacia y añade a todos nuestros problemas uno democrático. ¿Por qué no tratar ambos asuntos al mismo tiempo, sin que uno de ellos se consiga a costa de otro? La provisión de bienes públicos es hoy el principal problema de la democracia y se equivoca quien piense que su solución puede conseguirse mediante procedimientos que no sean democráticos.


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