No ciutadans i camps de concentració.
La filósofa alemana Hannah Arendt, que pasó por dos lugares de internamiento en Francia antes de huir a EE UU —el Velódromo de Invierno de Paris y el campo de Gurs (inicialmente construido para alojar a los refugiados españoles republicanos)—, describió en Los orígenes del totalitarismo (1951) cómo estos sistemas terminan creando una doble vía legal: una para los ciudadanos nacionales y otra para los que no lo son, desprovistos de todo derecho. “El mejor criterio mediante el que decidir si alguien ha sido forzado fuera del límite de la ley —escribió Arendt— es preguntarse si se beneficiaría de la comisión de un crimen”. Mientras estos no ciudadanos, en su vida normal de irregulares o en el campo de concentración, carecen de todo derecho, el hecho criminal los igualará ante la ley —“será tratado como cualquier otro criminal (nacional)”—, dispondrán de abogado y derechos procesales y, “mientras dure el proceso y su sentencia, estarán a salvo de la arbitrariedad policial, contra la que no cabía recurso a letrado ni apelaciones”. Esto supone una violación de dos principios básicos del derecho: la igualdad ante la ley y el principio de proporcionalidad. Ya en el siglo XVIII, el jurista italiano Cesare Bonesana, marqués de Beccaria, en su tratado De los delitos y las penas alertaba de que los castigos deben ser proporcionales a la gravedad de la falta cometida y el daño hecho o, de otra forma, los individuos tenderán a cometer siempre el delito de mayor gravedad. Es decir, si a una persona se le amenaza con el mismo castigo —la deportación o la reclusión— por una simple falta administrativa —no tener los papeles en regla— que por un crimen, se le está invitando a la delincuencia.
Resulta descorazonador leer, en la obra de Arendt, los párrafos dedicados a la cuestión de los refugiados y constatar cómo volvemos a repetir los patrones de la década de 1930. Entonces, escribe la filósofa, “todos los debates en torno a los refugiados giraban en torno a una pregunta: ¿cómo deportarlos?”, y la única solución que hallaron fue “el campo de internamiento”. El detalle que diferenciaba la situación de aquella época con la actual es que buena parte de quienes huían a otros países eran personas recién convertidas en “apátridas” después de que sus Gobiernos les despojasen de la nacionalidad, por ejemplo, a los judíos alemanes mediante las leyes raciales de Nurémberg. Pero incluso este peldaño está siendo alcanzando: el Gobierno de Birmania ha despojado de su nacionalidad a la minoría rohinyá, y 128.000 rohinyá están recluidos en campos de concentración y guetos —que, en palabras de la ONU, son equiparables a los utilizados por los nazis para recluir a los judíos—, mientras que unos 800.000 han huido a los países vecinos. La India, gobernada por el ultranacionalista Narendra Modi, ha despojado de la nacionalidad a cuatro millones de personas en el Estado de Assam, convirtiéndolas en apátridas, y ahora construye campos de concentración para alojarlas.
Andrés Mourenza, Regresan los campos de concentración, El País 08/12/2019
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