Qui mereix ser escoltat?

En un artículo publicado en El País hace algo más de un año, Ignacio Sánchez-Cuenca se quejaba de que, con mucha frecuencia, sean escritores de ficción quienes se dediquen, en las páginas de opinión de los periódicos, a hablar de política y economía. El artículo señalaba particularmente a dos de ellos, Félix de Azúa y Mario Vargas Llosa -especialmente críticos, entonces, con el socialismo recién salido del poder- y apuntaba a un rasgo peculiar de nuestra cultura: ¿por qué razón los medios y el público lector tienden a pensar que un novelista, un filósofo o un poeta tienen conocimientos superiores a los del ciudadano medio sobre temas políticos específicos? Ciertamente, reconocía Sánchez-Cuenca, es probable que un escritor profesional escriba mejor que uno que no lo sea, pero ¿le da eso una autoridad especial a la hora de hablar de aspectos técnicos de la política? 
 
Los intelectuales, digamos, clásicos llevan mucho tiempo escribiendo en los periódicos, y no siempre sobre cosas relacionadas con su trabajo o sus conocimientos específicos. Y aunque en España esta tradición está particularmente asentada, se da también en otros países. (Es probable que sea un invento francés que cobró su forma actual con el “J'accuse” de Zola, y que ha seguido vigente en los países más influidos culturalmente por Francia; quizá la mayoría, con la excepción de los  anglosajones). Sin embargo, tanto tiempo después, resulta curioso que hoy, cuando la mayor parte de las profesiones se han especializado enormemente, los intelectuales clásicos formados básicamente en las humanidades sigan siendo considerados voces autorizadas sobre casi cualquier tema.

Aunque, si bien se mira, no solo los intelectuales clásicos. Hay algo raro en el modo en el que  actualmente otorgamos credibilidad intelectual. Es curioso que muchas veces las voces más escuchadas sobre asuntos de política internacional sean las de actores de cine; mientras que sacerdotes célibes sean considerados autoridades en materia sexual y familiar; por no hablar de la repentina reputación que un buen cómico metido a reportero tiene en asuntos económicos. Comparar a los escritores españoles que escriben sobre política en los periódicos con esta otra clase de activistas puede ser injusto, puesto que muchos autores de ficción y filósofos son grandes  observadores de la realidad y tienen una concepción compleja del mundo. Pero a pesar de ello, ¿tiene alguna lógica concederles tanta autoridad sobre asuntos de enorme sofisticación técnica? ¿Sabe realmente algo de legislación bancaria un novelista? ¿Comprende las complejidades de un banco central un filósofo metafísico? ¿Puede un fino sonetista iluminarnos sobre las administraciones descentralizadas y sus inercias?
 
Sartre
Sartre
Hay una respuesta inmediata y lógica: no esperamos de los autores de ficción que escriben en los periódicos una explicación detallada de los conflictos técnicos de la vida política, sino una referencia moral. No queremos, por ejemplo, que nos expliquen qué es un tipo de interés, sino los dramas que sufre quien no puede pagarlo cuando se comprometió a hacerlo y la responsabilidad ética de quien espera cobrarlo. Y para eso sí sirven las armas retóricas de una novelista o un poeta. A Ignacio Sánchez-Cuenca le parecía, a juzgar por el artículo al que hacía referencia antes, que este liderazgo moral o retórico es inútil o hasta peligroso, y hay argumentos de su parte: basta con ver el historial de muchos intelectuales durante el siglo XX para advertir que sus ideas pueden ser igual de espantosas que las de cualquier otro ciudadano. Pero Sánchez-Cuenca olvidaba algo muy importante: también pueden serlo las de los científicos sociales, porque estos no suelen estar más despojados de sesgos ideológicos que los intelectuales clásicos. Pese a su acumulación de datos -cuando deciden recurrir a ellos, cosa que ni siquiera suelen molestarse en hacer cuando colaboran en medios generalistas-, tienden a estar tan marcados ideológicamente como los escritores. 

Con esto no quiero decir, por supuesto, que los científicos sociales no deban estar en los periódicos. De hecho, creo que deberían estar mucho más. Sin embargo, para que eso sirviera de algo,  politólogos, sociólogos y demás deberían tratar de estar a la altura de las aspiraciones de objetividad de sus disciplinas, y por el momento -al menos, insisto, cuando escriben en la prensa- esto no es así. No pretendo que escriban textos de opinión sin opinión, pero sí sería agradable ver que los académicos sociales que acostumbran a estar en los medios fueran menos partidistas y menos rehenes de  apriorismos ideológicos. Amando de Miguel, Juan Carlos Monedero, Vicenç Navarro, Salvador Cardús o Edurne Uriarte -o, con todas las diferencias imaginables, el propio Sánchez-Cuenca- son académicos de la ciencia política o la sociología, pero sean cuales sean sus méritos científicos, parece evidente que sus textos periodísticos no siempre son análisis desapasionados u observaciones imparciales. Sea con mayor o menor moderación y elegancia, sus colaboraciones periodísticas no se diferencian, muchas veces, de las de escritores, intelectuales o periodistas en su claro posicionamiento ideológico o incluso partidista -y en su disponibilidad a ignorar datos que desmientan sus posiciones. Si la máxima aspiración del intelectual clásico consistía en contarle la verdad al poder, pero en muchos casos traicionó esa noble aspiración cada vez que su partido conseguía el poder, la de los científicos sociales debería ser simplemente describir nuestras tendencias y ver cuáles son los incentivos que las alimentan (y, quizá, señalar cómo corregir ambas cosas cuando, como ellos dirían, son subóptimas). Tal vez lo hagan en sus papers, pero no parece que sea eso lo que deciden hacer cuando se dirigen al gran público. Entonces quieren, simplemente, opinar. Y no tiene nada de malo que un científico tenga opiniones, pero eso no hace que sus opiniones sean ciencia.

Soy consciente de que en los párrafos anteriores no he dado ni media solución al problema que recogía Sánchez-Cuenca: ¿quién  tiene o debería tener autoridad para hablar de asuntos públicos? La verdad es que no tengo respuesta: leo constantemente a intelectuales clásicos -incluidos Azúa y Vargas Llosa, dos de mis preferidos- y a científicos sociales -incluido Sánchez-Cuenca, que casi siempre despierta en mí dudas que no sabía que tenía-, y aprendo de ellos cosas distintas. Pero mientras todos -lectores, directivos de medios, periodistas, escritores, colaboradores en prensa- sigamos convencidos de que los espacios de opinión mayoritarios deben estar dedicados, básicamente, a descargar a diario toneladas de ideología, eso es lo que obtendremos. Muchos intelectuales clásicos creen que compreder a Goethe les permite comprender el mundo actual. Muchos científicos sociales creen que guardar un Excel con estadísticas en su ordenador les hace imparciales. Ambas cosas ayudan. Ambas cosas tienden a ser insuficientes.

El problema no es quién tiene derecho a hablar -estamos de acuerdo en que todos lo tenemos-, sino quién merece ser escuchado. Los grandes medios nos ayudan a dirimir este problema con sus líneas editoriales y nóminas de colaboradores. Pero aunque sea poco menos que pedir un superhombre sintetizado, quizá valdría la pena aspirar a un opinador con un pie en la ciencia y otro en las humanidades, con una mano en las estadisticas y otro en la tradición cultural. De lo contrario,  corremos el riesgo de seguir teniendo dos mandarinatos en competición por sustentar las buenas razones de sus posturas ideológicas, y por encima de todo una cultura basada mucho más en el activismo que en la información. Lo primero es importante para mantener la democracia. Lo segundo lo es aún más para que la democracia sea de calidad.

Ramón González Férriz, Intelectuales y politólogos, Tormenta de ideas, 06/04/2013

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